El Tribunal Supremo señala que ejecutar la clausura conlleva un perjuicio de difícil reparación para los intereses de las localidades afectadas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sección Tercera ha adoptado que la clausura del tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel, acordada el Consejo de ministros, conlleva un perjuicio de difícil reparación para los intereses de las localidades recurrentes y, en consecuencia, dicta su suspensión cautelar.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca valora de forma positiva esta suspensión y, además, aclara que de la lectura de las alegaciones que realiza la abogacía del Estado, se desprenden varios hechos. El primero, el criterio exclusivamente economicista que arguye el ministerio de Sánchez -Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- para suspender las obligaciones de servicio público e iniciar el desmantelamiento de una infraestructura. Un procedimiento inédito en España, en los últimos cuarenta años, y que no se aplica a otras relaciones ferroviarias que presentan similar deterioro y peores resultados que los ofrecidos por la línea de Cuenca “ocupación media del 20% de las plazas ofertadas”. Para quienes arguyen este brutal recorte en los servicios públicos, criterios de ordenación del territorio, de cohesión social o de oportunidades futuras para desarrollar los territorios más desfavorecidos son obviados. En segundo término, se desprende que no existe ningún Plan X (por o equis) Cuenca, porque no se menciona este, con lo cual nos enfrentamos ante una entelequia sin planificación sobre la movilidad algunas, solo el ánimo de algunos de recortar lo público o de disponer de oportunidades de negocios. En otro sentido, la abogacía del Estado parece desconocer, posiblemente de forma deliberada, que el “Protocolo de Actuación” de 25 de mayo de 2022 es una mera declaración de intenciones, como aclaró el ministerio de Transportes y que, además, ADIF ha incumplido el convenio suscrito con la Diputación y Ayuntamiento de Cuenca el 16 de septiembre de 2022.

Respecto a las actuaciones acometidas por ADIF, desde la excusa de Filomena para suspender el servicio ferroviario, nadie puede negar que se ha limitado a cerrar la estación de Cuenca, lo que ha generado una brecha urbana de dos kilómetros que parte la ciudad, y, asimismo, a arrasar con instalaciones de seguridad necesarias para la explotación ferroviaria.

Respecto a los puestos de trabajos asociados a la línea, la abogacía del Estado, de manera cínica, alega que “de acogerse esta petición, podría darse el caso que esta medida de suspensión fuera en contra de los intereses de los propios empleados”. Una afirmación gratuita a la que, con la adopción de medidas cautelares solo puede responder Adif, inmediatamente, con la reversión de sus actos y con responsabilidades económicas, por el hecho objetivo de que varios trabajadores han sido trasladados de forma forzosa y otros han debido abandonar la empresa por las condiciones gravosas impuestas por Adif.

Por tanto, además de la medida cautelar ya adoptada, se precisa que, como demanda el presidente Sánchez, se establezca el diálogo entre el MITMA, el ministerio de Raquel Sánchez, con las personas y localidades afectadas. Es preciso, en breve, restituir las obligaciones de servicio público ferroviario, suspender y revertir cualquier obra que afecte o haya afectado a la infraestructura del ferrocarril y, del mismo modo, la vuelta de los trabajadores a los puestos que desempeñaban.

Estamos, sin duda, ante el recorte más grave en el ferrocarril español desde hace décadas. Algunas de las personas que iniciaron esta agresión a los servicios públicos ya han sido cesadas, de otras, que acordaron este plan de desmantelamiento, se tiene que exigir responsabilidades al más alto nivel.